jueves, 16 de julio de 2020

La lucha popular contra el urbanismo privado en el Gran Buenos Aires: asambleas vecinales en defensa de la vida


Autora: Vanina P. Santy

Doctorada Universidad libre de Bruselas, Bélgica

LINK a la publicación en Undisciplined Environments 

 

Fecha de publicación: 23/6/2020

 

 



La relación entre urbanización, degradación ambiental y salud pública exige un debate renovado, particularmente en el contexto actual de una pandemia. ¿Cuál es el impacto de la destrucción de los ecosistemas urbanos en la calidad de vida de la población? ¿Y cómo contribuyen los movimientos sociales a la visibilidad de este problema y la conservación de estos lugares?


La creciente aparición de conflictos sobre la producción de espacio urbano en diferentes regiones de América Latina hace visible la lógica implementada en la administración pública de las reservas naturales protegidas de las ciudades. Esta generalmente conlleva la desaparición de bosques y áreas de humedales para la creación de nuevas geografías que no resuelven las necesidades locales. Los grandes proyectos de inversión y la densificación urbana de áreas ya muy pobladas provocan desigualdades socioambientales que resultan en la organización de movilizaciones colectivas para oponerse a los nuevos usos de la tierra. Estos movimientos exigen una mayor participación en la gobernanza de los bienes comunes urbanos en la búsqueda de procesos de urbanización más justos y sostenibles. Este es el caso de Argentina, con la explotación económica intensiva de las cuencas fluviales con fines inmobiliarios. Las asambleas vecinales han sido la forma en que los habitantes se han unido para defender los ecosistemas urbanos contra esta explotación. Lo han hecho en nombre de un bienestar concebido como interconectado a esos espacios.

Urbanismo privado y destrucción de ecosistemas ribereños en el Gran Buenos Aires


El fenómeno del urbanismo privado comenzó hace casi 20 años con la creación de barrios cerrados para grupos de altos ingresos en los territorios periféricos del norte metropolitano. Se ha caracterizado por la influencia de los intereses del mercado en las políticas públicas y las estructuras de toma de decisiones en materia de planificación urbana. Actualmente consolidado como modelo de desarrollo local, es objeto de fuertes críticas por parte de ambientalistas, especialistas y sectores académicos por la fragmentación espacial, la segregación social y el desequilibrio ecológico que ha causado. 



Este tipo de empresas inmobiliarias llegó al sur del Gran Buenos Aires, el área metropolitana, hace casi una década. En 2008 se anunció públicamente una propuesta a gran escala conocida como Nueva Costa del Plata (NCP) para Avellaneda y Quilmes, dos distritos costeros e industriales con acuciantes problemas de pobreza y contaminación. Se trataba de la creación de una nueva ciudad abierta en tierras con alta prioridad para la conservación. Se pensó que el proyecto lideraría un nuevo eje territorial para el futuro de la región e ideó el aprovechamiento comercial y turístico de una costa de 60 kilómetros que se extiende desde Avellaneda hasta Ensenada (ubicada a 40 minutos al sur del distrito de Berazategui). Promovido como el desarrollo urbano más importante de América Latina, NCP propuso 3 nuevas condiciones territoriales. 

Primero, emularía revitalizaciones costeras como las de Rotterdam (Países Bajos), Helsinki (Finlandia) y Bilbao (España). La nueva organización espacial reemplazaría y desplazaría las actividades recreativas, la producción agrícola y un estilo de vida junto al río para más de 100 familias que residen allí. Ahora albergaría sede corporativas, servicios financieros y culturales que se encuentran en cualquier metrópolis internacional. La oferta residencial de torres de más de 40 pisos fue etiquetada como premium, con precios superiores al mercado y acceso a instalaciones privadas como parques, canchas de golf y puertos deportivos.

En segundo lugar, el desarrollo sería administrado a través de una asociación público-privada que estaría a cargo de la implementación del proyecto a través de un consorcio conocido como Ribera Sur. Comprendería al Estado (en todos sus niveles, desde municipal al nacional); al dueño de las tierras, la siderúrgica Techint; y los desarrolladores urbanos, Oficina Urbana. 

Tercero, el proyecto incorporaría los bosques y humedales nativos en el tejido urbano para hacerlos habitables y urbanizables, ya que, según sus promotores, se trataban de espacios vacíos sin identidad de lugar y sin referencias culturales. A través de este nuevo ordenamiento, se  fomentaría una nueva y moderna vida en sociedad. Sin embargo, para hacerlo, era esencial cambiar el estatus legal de áreas protegidas a zonas de gestión especial para la urbanización. Esto fue hecho por el municipio en Avellaneda en 2008 aunque su promulgación aún está pendiente en Quilmes.



 
Los impactos socio-ambientales de Nueva Costa del Plata


Los puntos más disputados del proyecto tienen que ver con factores culturales, legales y ambientales. Por un lado, el espacio costero en Avellaneda y Quilmes es objeto de un apego afectivo vinculado a la memoria colectiva y a una relación con el río La Plata. Hasta 1969 era el lugar favorito de los habitantes para reuniones sociales y actividades al aire libre. Está, por lo tanto, relacionado con la infancia y los momentos de tiempos más felices cuando todavía podían nadar en el río, lo cual hoy está prohibido debido a los altos niveles de contaminación.
La crónica de los distritos de Avellaneda y Quilmes está muy arraigada a la costa así como al origen mismo de la identidad popular. El proyecto NCP destruiría completamente esta relación con el territorio.

Otra fuente clave de conflicto tuvo que ver con los altos niveles de contaminación ambiental de las tierras que se convertirían en espacios públicos con la nueva ciudad Aproximadamente 500 hectáreas fueron destinadas como vertedero a más de 47 millones de toneladas de basura provenientes de la ciudad de Buenos Aires y otros distritos entre 1978 y 2004. La metodología de eliminación implementada causó docenas de muertes por la emisión de benceno y gases venenosos. La contaminación del suelo y el agua sigue siendo un problema persistente que afecta a los habitantes de la ribera y a las localidades vecinas con enfermedades de la piel y problemas respiratorios. El relleno sanitario fue administrado por Saneamiento y Urbanización Sociedad Anónima (SyUSA), creada por Techint para proporcionar servicios de transferencia y eliminación de desechos. Cuando la gente tomó conocimiento de la propuesta de urbanización de esta misma empresa, la preocupacion se focalizó en que la transformación de estas tierras pudiera traer una renovada destrucción del lugar con efectos en la salud.


En asociación con esto, NCP ha aumentado las tensiones con respecto a la propiedad de las tierras destinadas a la construcción de la ciudad. Como parte de un acuerdo entre SyUSA y el gobierno provincial a mediados de la década de 1990, las tierras de propiedad estatal se transfirieron a la empresa como medio de pago a través de mecanismos no transparentes ampliamente considerados ilegítimos. Desde entonces, la población ha sido excluida del río.

La lucha de los vecinos ha estado principalmente relacionada con la cuestión ambiental. No fue sino hasta 2018 cuando la empresa presentaró el estudio de impacto ambiental del proyecto. Entre las principales objeciones de los vecinos a las conclusiones de ese estudio estaba la elevación de la altura del río en 4,88 metros y la destrucción de los humedales. Esto alteraría el funcionamiento hidrológico del área, causando inundaciones en vecindarios cercanos. La compañía no especificó con qué técnicas se llevaría a cabo el relleno de los humedales, por lo que la forma en que la urbanización afectará a la población aún es desconocida.

Asambleas de vecinos y su agenda en defensa de la vida

En las últimas décadas, el sufrimiento ambiental de los habitantes debido al relleno sanitario también ha encontrado otras fuentes de contaminación. Una planta petroquímica e industrias en áreas residenciales que generan desechos peligrosos han empeorado los riesgos de los residentes. Esto ha resultado en la adopción de prácticas cotidianas para hacer frente a la contaminación, por lo que la gente dejó de ir a la ribera, ya no bebe agua del río y la pesca ya no es recomendable. Mudarse a áreas con mejores condiciones sanitarias fue la solución para muchas otras familias cuando no podían seguir viviendo con la contaminación que afectaba sus vidas.

Las asambleas vecinales han abordado estos problemas de contaminación de larga data en la región para visibilizar los impactos socioambientales del proyecto NCP en el territorio. En este sentido, NCP desencadenó dinámicas sociales con la presión por una agenda urbano-ambiental con participación social. Desde hace más de 10 años, vienen trabajando en dos objetivos. El primero ha sido aumentar la conciencia ambiental entre los habitantes y dar a conocer el lugar mediante la organización de actividades educativas abiertas para las comunidades. El segundo ha sido producir conocimiento sobre las cualidades ecológicas de los humedales a través de colaboraciones con científicos e instituciones académicas.




Entre 2011 y 2013, las asambleas realizaron un relevamiento con biólogos de la Universidad Nacional de La Plata para identificar la flora y fauna nativas. Este estudio trazó correlaciones entre ecosistemas similares mostrando que el ecosistema costero de Avellaneda y Quilmes era parte de un corredor biológico conectado de norte a sur -a lo largo del país- a través del Delta y las islas del río Paraná y Pampa. También identificaron otros beneficios provistos por el área. Realizaron experimentos para demostrar cómo ciertas plantas flotantes contribuyeron al filtrado natural de la contaminación y elaboraron documentos e informes sobre cómo cierta vegetación era vital para la regulación de las inundaciones. Por lo tanto, la calidad del agua solo sería posible si el ecosistema permanece intacto ya que funcionaba en estrecha interacción con acuíferos del lugar. Como uno de los líderes de las asambleas vecinales expresó, se trata de salud y vida. Sin agua y sin aire limpio no podremos sobrevivir” (Nota de campo, 2016).

La alternativa de los vecinos a la urbanización ha consistido en cumplir con el marco legal municipal ya establecido, de modo que la costa siga siendo un lugar natural y público. La asignación de responsabilidades se ha dirigido a las autoridades locales: “la orilla del río en el distrito de Quilmes se puede gestionar de manera responsable si se cumple con el texto de la ordenanza municipal en lugar de derogarlo, y si los procesos participativos que constituyen para la comunidad son legítimos los derechos constitucionales se implementan adecuadamente” (Declaración pública realizada en un comunicado de prensa emitido por las asambleas de vecinos, asociaciones locales y regionales el 12/11/2012).



La importancia de las reservas naturales para el desarrollo humano y el bienestar ya está establecida y garantizada por las ordenanzas locales (n ° 8.255 / 96, n ° 9.348 / 02). Con base en estos argumentos, los vecinos solicitaron la priorización de la dimensión social al planificar nuevos centros urbanos: “[...] continuar considerando los proyectos inmobiliarios como soluciones, en este punto, es parte de los problemas que tenemos que resolver, además de las incertidumbres legales, sociales, ecológicas, territoriales y culturales que estamos a tiempo de prever. Las obras hidráulicas que se implementarán en la construcción de la ciudad para evitar inundaciones, sin la existencia de espacios verdes, son de poca utilidad para nosotros [...] son ​​las autoridades municipales y provinciales las que colocan a los negocios por encima de la vida humana [...]” (Pronunciamiento de la Asamblea No a la entrega de la costa sobre las causas de las inundaciones en el distrito, 11/2/2014).



 
Por lo tanto, las asociaciones de vecinos muestran que la ribera constituye un patrimonio público no negociable dotado de propiedades comunes que no se pueden atribuir privadamente: pertenece a todos y debe protegerse no solo para el presente, sino también para las generaciones futuras. Lo que está en juego no es sólo la expresión de diferentes intereses o diferentes formas de apropiación de la naturaleza, sino más bien una forma de relacionarse y de concebir a este territorio como un espacio productor de vida.

El contexto macro del cambio climático enfatiza la importancia de la naturaleza en la ciudad, lo que adquiere otro significado al momento de escribir estas líneas en medio de una pandemia y una cuarentena obligatoria. Se debe escuchar a las comunidades locales con respecto a su entorno natural para capitalizar el conocimiento local sobre lo que hay y cómo se pueden vivir esos lugares sin ser destruidos. Los procedimientos democráticos que incorporan la opinión pública al análisis de proyectos a gran escala merecen una mención especial. En Argentina no son vinculantes ni obligatorios por ley, por lo que en caso de rechazo social, el gobierno tiene la última decisión. Esto ha disminuido la capacidad democrática de los habitantes para incidir en las políticas que los afectan. La generación de perturbaciones en los ecosistemas mediante la urbanización junto con grandes poblaciones concentradas en espacios urbanos limitados debe repensarse en términos de salud pública. Los costos del desarrollo se vuelven invaluables cuando las condiciones de vida se ponen en peligro.