Autora: Vanina P. Santy
Doctorada Universidad
libre de Bruselas, Bélgica
Fecha de publicación:
23/6/2020
La relación entre urbanización, degradación ambiental y salud
pública exige un debate renovado, particularmente en el contexto actual de una
pandemia. ¿Cuál es el impacto de la destrucción de los ecosistemas urbanos en
la calidad de vida de la población? ¿Y cómo contribuyen los movimientos
sociales a la visibilidad de este problema y la conservación de estos lugares?
La creciente aparición de conflictos sobre la producción de espacio
urbano en diferentes regiones de América Latina hace visible la lógica
implementada en la administración pública de las reservas naturales protegidas
de las ciudades. Esta generalmente conlleva la desaparición de bosques y áreas
de humedales para la creación de nuevas geografías que no resuelven las
necesidades locales. Los grandes proyectos de inversión y la densificación
urbana de áreas ya muy pobladas provocan desigualdades socioambientales que
resultan en la organización de movilizaciones colectivas para oponerse a los
nuevos usos de la tierra. Estos movimientos exigen una mayor participación en
la gobernanza de los bienes comunes urbanos en la búsqueda de procesos de
urbanización más justos y sostenibles. Este es el caso de Argentina, con la explotación
económica intensiva de las cuencas fluviales con fines inmobiliarios. Las
asambleas vecinales han sido la forma en que los habitantes se han unido para
defender los ecosistemas urbanos contra esta explotación. Lo han hecho en
nombre de un bienestar concebido como interconectado a esos espacios.
Urbanismo privado y destrucción de ecosistemas ribereños en el Gran
Buenos Aires
El fenómeno del urbanismo privado comenzó hace casi 20 años con la
creación de barrios cerrados para grupos de altos ingresos en los territorios
periféricos del norte metropolitano. Se ha caracterizado por la influencia de
los intereses del mercado en las políticas públicas y las estructuras de toma
de decisiones en materia de planificación urbana. Actualmente consolidado como
modelo de desarrollo local, es objeto de fuertes críticas por parte de
ambientalistas, especialistas y sectores académicos por la fragmentación
espacial, la segregación social y el desequilibrio ecológico que ha causado.
Este tipo de empresas inmobiliarias llegó al sur del Gran Buenos
Aires, el área metropolitana, hace casi una década. En 2008 se anunció
públicamente una propuesta a gran escala conocida como Nueva Costa del Plata
(NCP) para Avellaneda y Quilmes, dos distritos costeros e industriales con acuciantes
problemas de pobreza y contaminación. Se trataba de la creación de una nueva
ciudad “abierta” en tierras con alta
prioridad para la conservación. Se pensó que el proyecto lideraría un nuevo eje
territorial para el futuro de la región e ideó el aprovechamiento comercial y
turístico de una costa de 60 kilómetros que se extiende desde Avellaneda hasta
Ensenada (ubicada a 40 minutos al sur del distrito de Berazategui). Promovido
como “el
desarrollo urbano más importante de América Latina”, NCP propuso 3 nuevas
condiciones territoriales.
Primero, emularía revitalizaciones costeras como las de Rotterdam
(Países Bajos), Helsinki (Finlandia) y Bilbao (España). La nueva organización
espacial reemplazaría y desplazaría las actividades recreativas, la producción
agrícola y un estilo de vida junto al río para más de 100 familias que residen
allí. Ahora albergaría sede corporativas, servicios financieros y culturales
que se encuentran en cualquier metrópolis internacional. La oferta residencial
de torres de más de 40 pisos fue etiquetada como premium, con precios
superiores al mercado y acceso a instalaciones privadas como parques, canchas
de golf y puertos deportivos.
En segundo lugar, el desarrollo sería administrado a través de una
asociación público-privada que estaría a cargo de la implementación del
proyecto a través de un consorcio conocido como Ribera Sur. Comprendería al
Estado (en todos sus niveles, desde municipal al nacional); al dueño de las
tierras, la siderúrgica Techint; y los desarrolladores urbanos, Oficina Urbana.
Tercero, el proyecto incorporaría los bosques y humedales nativos en
el tejido urbano para hacerlos habitables y urbanizables, ya que, según sus
promotores, se trataban de “espacios vacíos” sin identidad de lugar y sin referencias culturales. A través de
este nuevo ordenamiento, se fomentaría
una nueva y moderna vida en sociedad. Sin embargo, para hacerlo, era esencial
cambiar el estatus legal de áreas protegidas a zonas de gestión especial para
la urbanización. Esto fue hecho por el municipio en Avellaneda en 2008 aunque
su promulgación aún está pendiente en Quilmes.
Los impactos socio-ambientales de Nueva Costa del Plata
Los puntos más disputados del proyecto tienen que ver con factores
culturales, legales y ambientales. Por un lado, el espacio costero en
Avellaneda y Quilmes es objeto de un apego afectivo vinculado a la memoria
colectiva y a una relación con el río La Plata. Hasta 1969 era el lugar
favorito de los habitantes para reuniones sociales y actividades al aire libre.
Está, por lo tanto, relacionado con la infancia y los momentos de tiempos más
felices cuando todavía podían nadar en el río, lo cual hoy está prohibido
debido a los altos niveles de contaminación.
La crónica de los distritos de Avellaneda y Quilmes está muy arraigada
a la costa así como al origen mismo de la identidad popular. El proyecto NCP
destruiría completamente esta relación con el territorio.
Otra fuente clave de conflicto tuvo que ver con los altos niveles de
contaminación ambiental de las tierras que se convertirían en espacios públicos
con la nueva ciudad Aproximadamente 500 hectáreas fueron destinadas como
vertedero a más de 47 millones de toneladas de basura provenientes de la ciudad
de Buenos Aires y otros distritos entre 1978 y 2004. La metodología de
eliminación implementada causó docenas de muertes por la emisión de benceno y
gases venenosos. La contaminación del suelo y el agua sigue siendo un problema
persistente que afecta a los habitantes de la ribera y a las localidades
vecinas con enfermedades de la piel y problemas respiratorios. El relleno
sanitario fue administrado por Saneamiento y Urbanización Sociedad Anónima
(SyUSA), creada por Techint para proporcionar servicios de transferencia y
eliminación de desechos. Cuando la gente tomó conocimiento de la propuesta de
urbanización de esta misma empresa, la preocupacion se focalizó en que la
transformación de estas tierras pudiera traer una renovada destrucción del
lugar con efectos en la salud.
En asociación con esto, NCP ha aumentado las tensiones con respecto
a la propiedad de las tierras destinadas a la construcción de la ciudad. Como
parte de un acuerdo entre SyUSA y el gobierno provincial a mediados de la
década de 1990, las tierras de propiedad estatal se transfirieron a la empresa
como medio de pago a través de mecanismos no transparentes ampliamente
considerados ilegítimos. Desde entonces, la población ha sido excluida del río.
La lucha de los vecinos ha estado principalmente relacionada con la
cuestión ambiental. No fue sino hasta 2018 cuando la empresa presentaró el
estudio de impacto ambiental del proyecto. Entre las principales objeciones de
los vecinos a las conclusiones de ese estudio estaba la elevación de la altura
del río en 4,88 metros y la destrucción de los humedales. Esto alteraría el
funcionamiento hidrológico del área, causando inundaciones en vecindarios
cercanos. La compañía no especificó con qué técnicas se llevaría a cabo el
relleno de los humedales, por lo que la forma en que la urbanización afectará a
la población aún es desconocida.
Asambleas de vecinos y su agenda en defensa de la vida
En las últimas décadas, el sufrimiento ambiental de los habitantes
debido al relleno sanitario también ha encontrado otras fuentes de
contaminación. Una planta petroquímica e industrias en áreas residenciales que
generan desechos peligrosos han empeorado los riesgos de los residentes. Esto
ha resultado en la adopción de prácticas cotidianas para hacer frente a la
contaminación, por lo que la gente dejó de ir a la ribera, ya no bebe agua del
río y la pesca ya no es recomendable. Mudarse a áreas con mejores condiciones
sanitarias fue la solución para muchas otras familias cuando no podían seguir
viviendo con la contaminación que afectaba sus vidas.
Las asambleas vecinales han abordado estos problemas de
contaminación de larga data en la región para visibilizar los impactos
socioambientales del proyecto NCP en el territorio. En este sentido, NCP
desencadenó dinámicas sociales con la presión por una agenda urbano-ambiental
con participación social. Desde hace más de 10 años, vienen trabajando en dos
objetivos. El primero ha sido aumentar la conciencia ambiental entre los
habitantes y dar a conocer el lugar mediante la organización de actividades
educativas abiertas para las comunidades. El segundo ha sido producir
conocimiento sobre las cualidades ecológicas de los humedales a través de
colaboraciones con científicos e instituciones académicas.
Entre 2011 y 2013, las asambleas realizaron un relevamiento con
biólogos de la Universidad Nacional de La Plata para identificar la flora y
fauna nativas. Este estudio trazó correlaciones entre ecosistemas similares
mostrando que el ecosistema costero de Avellaneda y Quilmes era parte de un
corredor biológico conectado de norte a sur -a lo largo del país- a través del
Delta y las islas del río Paraná y Pampa. También identificaron otros
beneficios provistos por el área. Realizaron experimentos para demostrar cómo
ciertas plantas flotantes contribuyeron al filtrado natural de la contaminación
y elaboraron documentos e informes sobre cómo cierta vegetación era vital para
la regulación de las inundaciones. Por lo tanto, la calidad del agua solo sería
posible si el ecosistema permanece intacto ya que funcionaba en estrecha
interacción con acuíferos del lugar. Como uno de los líderes de las asambleas
vecinales expresó, “se trata de salud y vida. Sin agua y sin aire limpio no podremos
sobrevivir” (Nota de campo, 2016).
La alternativa de los vecinos a la urbanización ha consistido en
cumplir con el marco legal municipal ya establecido, de modo que la costa siga
siendo un lugar natural y público. La asignación de responsabilidades se ha
dirigido a las autoridades locales: “la orilla del río en el distrito de
Quilmes se puede gestionar de manera responsable si se cumple con el texto de
la ordenanza municipal en lugar de derogarlo, y si los procesos participativos
que constituyen para la comunidad son legítimos los derechos constitucionales
se implementan adecuadamente” (Declaración pública realizada en un
comunicado de prensa emitido por las asambleas de vecinos, asociaciones locales
y regionales el 12/11/2012).
La importancia de las reservas naturales para el desarrollo humano y
el bienestar ya está establecida y garantizada por las ordenanzas locales (n °
8.255 / 96, n ° 9.348 / 02). Con base en estos argumentos, los vecinos
solicitaron la priorización de la dimensión social al planificar nuevos centros
urbanos: “[...] continuar considerando los proyectos inmobiliarios como
soluciones, en este punto, es parte de los problemas que tenemos que resolver,
además de las incertidumbres legales, sociales, ecológicas, territoriales y
culturales que estamos a tiempo de prever. Las obras hidráulicas que se
implementarán en la construcción de la ciudad para evitar inundaciones, sin la
existencia de espacios verdes, son de poca utilidad para nosotros [...] son
las autoridades municipales y provinciales las que colocan a los negocios por
encima de la vida humana [...]”
(Pronunciamiento de la Asamblea No a la entrega de la costa sobre las causas de las
inundaciones en el distrito, 11/2/2014).
Por lo tanto, las asociaciones de vecinos muestran que la ribera
constituye un patrimonio público no negociable dotado de propiedades comunes
que no se pueden atribuir privadamente: pertenece a todos y debe protegerse no
solo para el presente, sino también para las generaciones futuras. Lo que está
en juego no es sólo la expresión de diferentes intereses o diferentes formas de
apropiación de la naturaleza, sino más bien una forma de relacionarse y de
concebir a este territorio como un espacio productor de vida.
El contexto macro del cambio climático enfatiza la importancia de la
naturaleza en la ciudad, lo que adquiere otro significado al momento de
escribir estas líneas en medio de una pandemia y una cuarentena obligatoria. Se
debe escuchar a las comunidades locales con respecto a su entorno natural para
capitalizar el conocimiento local sobre lo que hay y cómo se pueden vivir esos
lugares sin ser destruidos. Los procedimientos democráticos que incorporan la
opinión pública al análisis de proyectos a gran escala merecen una mención
especial. En Argentina no son vinculantes ni obligatorios por ley, por lo que
en caso de rechazo social, el gobierno tiene la última decisión. Esto ha
disminuido la capacidad democrática de los habitantes para incidir en las
políticas que los afectan. La generación de perturbaciones en los ecosistemas
mediante la urbanización junto con grandes poblaciones concentradas en espacios
urbanos limitados debe repensarse en términos de salud pública. Los costos del
desarrollo se vuelven invaluables cuando las condiciones de vida se ponen en
peligro.
